SOCIEDAD JUSTA: Igualdad.

Constitución Española, artículo 14: “Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

La Carta Magna desde su artículo 14 y hasta el 29 enumera los denominados “derechos fundamentales” que como tales son innatos, inseparables de las personas, irrenunciables y objetivamente absolutos. Por tanto, pueden ser invocados por la ciudadanía sin necesidad de ser desarrollados por otra ley, ya que vinculan a todos los poderes públicos por su propia existencia constitucional.

Nuestra legalidad es, en  relación a la igualdad de los ciudadanos, meridianamente clara y sin lugar a dudas, justa. La cuestión es otra y mucho más compleja: ¿cómo se traslada la fría redacción de una ley a la praxis en el entorno social?. Difícil planteamiento en una sociedad dispar que hace necesario un esfuerzo de comunicación e implantación de las normas básicas de convivencia.

En general, las diferentes opciones políticas han gestionado la pluralidad de forma inadecuada. Se ha pasado del buenismo tranquilizador al frentismo más reaccionario en igual medida. ¿Qué corresponde hacer?, ¿cuál es la vía adecuada para una “política de igualdad”?. Respeto y educación, no queda otra…

La población debe percibir que su entorno social se rige de forma “real” por nuestras leyes y sistemas. Que ningún político o cargo electo hace de la diferencia un arma arrojadiza con la finalidad de conseguir rendimientos electorales, que el Estado es laico y obliga y protege por igual. En resumen, establecer de forma preclara un ámbito privado en el que cada ciudadano pueda ejercer su derecho a la diferencia.

De no conseguir la confianza y el compromiso del ciudadano, otras realidades suplantarán el supuesto papel integrador de nuestro ordenamiento legal. No hemos de aceptar la creación de guetos sociales y cualquier político o cargo electo tiene como obligación primera y última la incorporación de todos a la sociedad.

Nuestros representantes, sea cual sea su grado de responsabilidad, deben trabajar en una visión global para todo el mundo, en una infraestructura social que permita constatar a la ciudadanía  que las instituciones funcionan bien, provocando así, que cualquiera, al margen de su propia realidad, vea la utilidad de las leyes en su capacidad integradora.

Debemos respetar el ejercicio libre de la sexualidad al margen de su orientación, apoyar la legitimidad del matrimonio en cualquiera de las modalidades existentes, rechazar las actitudes xenófobas o racistas y cualquier posición sectaria que menoscabe la dignidad de las personas.

Permítanme incidir de nuevo en la idea, una legalidad que obligue y proteja, un ámbito privado en el que cada ciudadano ejerza su derecho a la diferencia. Ese es nuestro objetivo.

POLITICA ES MORAL