Un día, nuestro estimado Ministro de Interior
(Sr, Jorge Fernández Díaz), encontró un antiguo legajo con documentos en los
archivos del Ministerio. Leyó con curiosidad los papeles amarillentos y
desgastados. De repente gritó:¡ Eureka, ya tengo la solución!...
Eufórico y feliz, reclamó la presencia de su
coche oficial y pidió a su conductor que le llevase al Ministerio de Justicia.
Allí, entregó una vieja carpeta al Ministro de Justicia (Alberto Ruíz-Gallardón)
y le dijo: “¡Ahora vas y lo cascas!”.
No tardó en hacerlo y los ciudadanos
descubrimos que por arte de ensalmo, el TOP (Tribunal de Orden Público)
franquista había resucitado…
El actual gobierno del PP propone una
modificación del Código Penal. Sin duda antidemocrática, ya que se establece
una drástica reducción del derecho de reunión y manifestación. Bajo la escusa
de “controlar” las nuevas técnicas de comunicación y convocatoria, se prevé una
pena mínima y prisión provisional para aquellos que convoquen manifestaciones
“violentas” por internet, en fin…
Por otra parte, no se ha descuidado el
criminalizar la protesta civil, considerando la resistencia pasiva (imaginen
las sentadas del 15 M) como “delito de integración en organización criminal”. Podrá
penarse hasta con 4 años y prisión provisional.
Realmente se observa una voluntad inequívoca de
“cerrarnos la boca”, de limitar los medios por las que la masa social se pueda
comunicar y organizar al margen del sistema. Esta deriva nos lleva a un
“totalitarismo democrático”…
No es gratuita la “lucha” de los partidos
políticos por colocar a sus acólitos en puestos relevantes del aparato judicial. Esos “activos” judiciales serán los que “machacarán” legalmente a
todos aquellos que se atrevan a cuestionar el sistema y proponer su cambio.
Durante el régimen franquista los españoles
vivimos en un estado de absoluta indefensión jurídica. No existían aspectos tan
básicos como la separación de poderes o una justicia normalizada. Muy al
contrario, el poder ejecutivo sometía al legislativo y el entramado judicial se
hizo “tutelar” por los diferentes ministerios del régimen.
Se persiguió vehementemente la libertad de
reunión y expresión ya que “atentaba” contra la seguridad del Estado. Para
evitar un peligro tan “evidente” se creó el Tribunal de Orden Público (TOP). Un
tribunal de “excepción”, que mediante jurisdicción especial negaba de facto el
estado de derecho. Todas las reuniones públicas debían ser autorizadas por la
autoridad. Eso sí, aquellas a las que asistían menos de 20 personas no tenían
la obligación de significarse…
Vayan ustedes con cuidado, en un partido de
futbol juegan 22 personas. Igual se nos pide el permiso de reunión. De no
tenerlo, nos arriesgamos a que detengan a
Lionel Messi y no pueda jugar lo que resta de temporada.
POLITICA ES MORAL
No hay comentarios:
Publicar un comentario